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A pedido de los sectores industrial y comercial, el Gobierno firmó un acuerdo poco habitual con cámaras empresarias y plataformas de comercio electrónico para combatir el contrabando, dar de baja publicaciones de productos ilegales y, si es necesario, retirarlos del mercado.
El entendimiento se cerró este lunes en una reunión en la sede de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, en Diagonal Sur, encabezada por el secretario coordinador de Producción del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne. «Es una problemática que veníamos abordando todos y era una preocupación compartida. Rápidamente encontramos un mecanismo para trabajarlo», dijo el funcionario.
Lavigne firmó convenios marco con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores (CIRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Unión Industrial Argentina (UIA). También hubo convenios específicos con Mercado Libre, Meta —por sus marketplaces en Facebook e Instagram—, Frávega y Cetrogar. No participaron representantes de plataformas chinas como TikTok, Temu y Shein.
Según Industria, los acuerdos buscan facilitar el intercambio de información sobre productos vendidos en plataformas digitales para detectar mercadería ingresada ilegalmente al país. «Las plataformas firmantes aportarán información sobre los principales oferentes de productos en las categorías sensibles. El Estado Nacional, a través de ARCA, cruzará los datos para identificar inconsistencias e indicios de posibles irregularidades», explicó el organismo. Las primeras categorías serán celulares, juguetes, cosméticos, neumáticos y notebooks.
El comunicado oficial señaló que «Meta dará de baja los sitios denunciados en sus plataformas de Facebook e Instagram», y las autoridades aseguraron que Mercado Libre seguirá el mismo camino. Ninguna de las dos empresas hizo comentarios.
Cuando corresponda, se aplicará el Protocolo de Vigilancia de Mercado aprobado por la Resolución 56/2026, que busca garantizar que los productos cumplan con las normas de seguridad, calidad e información. Los procedimientos podrán terminar en el retiro de productos, el cese de su comercialización y la intervención de la Justicia.
